

ANARQUÍA INSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO
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Complicidad institucional
La Fiscalía de Estado, Legislatura y la Justicia provincial aparecen como actores que, en lugar de investigar, terminan siendo cómplices por silencio u omisión.
El ejemplo del Fiscal Mayor del norte, Dr. Bramatti, que reconoce la existencia de delitos pero se excusa enviando la causa a CABA, refuerza la idea de evasión de responsabilidades. Y es bueno hacer público que el Juez Federal Zona Norte Dr. Marcelo RAPAPORT tiene en su despacho la denuncia mencionada y lo tiene congelada o llamada cajoneada.
Diagnóstico político: Estado anárquico
Estado provincial anárquico, donde los tres poderes no cumplen su rol de control y equilibrio.
Esto se traduce en impunidad y abuso de poder, con una ciudadanía desprotegida y un gobierno desconectado de las necesidades reales.
Las realidades indica un ESTADO FUEGUINO ANARQUICO donde la Ciudadania se manifiesta de mil manera pero nada mobiliza al funcionario en aplicar una politica que garanticen derechos constitucionales, como es el resguardo Salarial y Seguridad Social donde se habla que es el mismo Estado quien debe garantizar el derecho a la Salud, Educación, Salarios digno acorde a la Ley 19.640 aplicado al Regimen Aduanero Especial que diferencia el estandar de vida de los residentes. Hecho que no se ve reflejado en los Salarios de los Sectores Públicos en general o sea malversaron los valores de los ingresos percapitas de los Trabajadores Fueguinos y como un hecho repudiable y es bueno destacar los 7 meses adeudados mas los dos aguinaldos a los Expolicias Territoriales donde esto pone al Gobierno en situación de ABANDONO de Personas y ABUSO DE PODER. Ampliaremos






Sueños compartidos en Tierra del Fuego: La trama de una estafa que golpeó a una veintenas de familias y un muerto en el olvido


Reiteración de pedidos ignorados Tres solicitudes de Comisión Investigadora fueron presentadas y cajoneadas, lo que expone un patrón de silencio institucional.
Hermetismo y exclusión La comisión convoca a sectores cuestionados por su cercanía a posiciones de “traición a la Patria”, como la Comisión de VGM de Río Grande, que incluso expulsó a integrantes de la Caravana durante la Vigilia. Esto refuerza la idea de un cerco político contra quienes repudian el radar.
Responsabilidad política El legislador Villegas, del MOPOF, partido ligado a la vicegobernadora Mónica Urquiza, aparece como impulsor de la conformación de la comisión, lo que abre sospechas de connivencia institucional.
Acción sostenida de la Caravana Siete marchas en repudio al radar y la reciente presentación de un exhorto a los legisladores muestran continuidad y legitimidad en la protesta.
Denuncias federales Existen causas como la FRE 828/25, iniciada por veteranos de Malvinas, que ya están en el ámbito de la Justicia Federal bajo el juez Marcelo Rapaport, lo que eleva el conflicto a nivel nacional.



