www.radioj.com.arEn el caso fueguino, la operatoria se replicó en el ámbito de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Córdoba, junto a Miguel Arana, fueron condenados recientemente a cinco años de prisión efectiva por estafas vinculadas a la venta irregular de terrenos y viviendas. La justicia determinó que al menos 22 familias en Ushuaia fueron víctimas directas de estas maniobras.
La investigación expone que el esquema no se sostuvo únicamente en dirigentes sindicales. Desde el año 2012, con el aporte inicial del entonces ex intendente Federico Sciurano, se habilitó la entrega de terrenos que sirvieron de plataforma para la maniobra. Posteriormente, durante la gestión kirchnerista en la provincia, la gobernadora Rosana Bertone y los actuales intendentes Walter Vuoto (Ushuaia) y Martín Pérez (Río Grande) facilitaron la continuidad del sistema mediante nuevas adjudicaciones de tierras en sintonía con el IPV quien cumplió un rol importante en las indagatorias.
El resultado fue la consolidación de una “máquina destructora de sueños”: vecinos que no eran afiliados a la organización sindical accedían a viviendas mediante pagos irregulares, mientras los trabajadores genuinos quedaban marginados.
La sentencia contra Córdoba y Arana marca un precedente judicial, pero no repara el daño social. Las familias afectadas denuncian que fueron engañadas con la promesa de un SUEÑO DE LA CASA PROPIA y terminaron sin vivienda, sin dinero y con años de lucha en tribunales. El caso expone además la complicidad de sectores políticos que, lejos de garantizar transparencia, facilitaron la operatoria.
El escándalo de “Sueños Compartidos” en Tierra del Fuego se suma a la lista de episodios de corrupción que marcaron la última DECADA KIRCHNERISTA en Argentina. Más allá de las condenas, la sociedad fueguina reclama respuestas institucionales y garantías de que los recursos públicos y las políticas de vivienda no vuelvan a ser utilizados como instrumentos de estafa. Ampliaremos
