

CRÍSIS EN EL AMBITO DEL IMD GESTIÓN VUOTO/GAVILAN
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Según los testimonios, la conducción encabezada por la Dra. Lilian Gavilán habría marginado al personal de planta permanente, mientras se multiplican los cargos políticos y se otorgan beneficios a aliados de la empresa municipal UISE y del Club CAEF, vinculado directamente con la presidenta y su entorno.
La situación se refleja en el deterioro visible de los complejos deportivos “Cochocho Vargas” y “Italo Favale”, cuyas instalaciones muestran puertas barreteadas, luminarias sustraídas y sectores ocupados por personas en situación de calle. “Las imágenes hablan por sí solas”, señalan los trabajadores, quienes remarcan que las denuncias por robos fueron radicadas en sede policial sin que se identificaran responsables.
Uno de los casos más graves es el del trabajador de planta conocido como “Tico”, desplazado del Albergue Municipal por decisión de la UISE. Tras sufrir un accidente laboral, enfrenta hoy una delicada problemática de salud, sin que la presidencia del Instituto haya intervenido en su defensa.
En paralelo, se cuestiona la administración de espacios deportivos como la cancha Lumbreras y el predio del Camping, actualmente bajo gestión del Club CAEF, con cupos de personal asignados en detrimento de los empleados municipales.
“Lo único que se refleja es el alto costo que pagan los trabajadores municipales en este contexto de crisis”, remarcan los denunciantes, quienes insisten en que la precarización y el desplazamiento del personal de planta responden a un esquema de favoritismo político y familiar que erosiona el sentido de pertenencia institucional. Y la presencia de la IUSE hace agua solo están para perseguir y ser funcional a la obediencia de la presidente mas que cubrir y garantizar el resguardo de la cosa publicas. Las imágenes hablan por si sola. Si nos remitimos a todos los hechos acontecidos rompe el curriculum de la presencia ante la falta de cumplimiento antes hechos graves.






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Reiteración de pedidos ignorados Tres solicitudes de Comisión Investigadora fueron presentadas y cajoneadas, lo que expone un patrón de silencio institucional.
Hermetismo y exclusión La comisión convoca a sectores cuestionados por su cercanía a posiciones de “traición a la Patria”, como la Comisión de VGM de Río Grande, que incluso expulsó a integrantes de la Caravana durante la Vigilia. Esto refuerza la idea de un cerco político contra quienes repudian el radar.
Responsabilidad política El legislador Villegas, del MOPOF, partido ligado a la vicegobernadora Mónica Urquiza, aparece como impulsor de la conformación de la comisión, lo que abre sospechas de connivencia institucional.
Acción sostenida de la Caravana Siete marchas en repudio al radar y la reciente presentación de un exhorto a los legisladores muestran continuidad y legitimidad en la protesta.
Denuncias federales Existen causas como la FRE 828/25, iniciada por veteranos de Malvinas, que ya están en el ámbito de la Justicia Federal bajo el juez Marcelo Rapaport, lo que eleva el conflicto a nivel nacional.



