

EMERGENCIA HABITACIONAL "CASILLAS DE EMERGENCIAS OCUPADAS
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La situación de Carolina Pérez y su hijo en el barrio Río Pipo de Ushuaia refleja una problemática profunda en materia de vivienda y acceso a servicios básicos. Según su testimonio, la ocupación de la casilla del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) fue una medida desesperada ante la falta de respuestas estatales. La negativa del IPV a autorizar la instalación de gas y la restricción judicial para el ingreso de garrafas agravan la vulnerabilidad de estas familias, especialmente en un contexto de temperaturas extremas.
Existen programas como el Programa Hogar de ANSES, que facilita el acceso a garrafas para calefacción en viviendas sin conexión a la red de gas. Sin embargo, la falta de intervención estatal en estos casos urgentes como este pone en evidencia una crisis habitacional que se está naturalizando en Tierra del Fuego. Y todo esta relacionado a la crisis que sacude a la Isla Grande de Tierra del Fuego. La crisis a golpeado duramente a las familias vulnerables, con alquileres impagables, desalojos y una creciente demanda de asistencia social. La falta de políticas efectivas ha llevado a que muchas personas se vean obligadas a abandonar la isla en busca de mejores condiciones de vida.
Además, la situación de calle entre adultos jóvenes ha aumentado significativamente en Ushuaia como en Río Grande, reflejando el impacto de la crisis económica y la falta de oportunidades laborales. La precariedad habitacional y la ausencia de respuestas estatales han generado un escenario donde la vulnerabilidad se ha naturalizado. Ampliaremos






Convocatoria del Partido Federal a la Ciudadanía de Tierra del Fuego



Sueños compartidos en Tierra del Fuego: La trama de una estafa que golpeó a una veintenas de familias y un muerto en el olvido


Reiteración de pedidos ignorados Tres solicitudes de Comisión Investigadora fueron presentadas y cajoneadas, lo que expone un patrón de silencio institucional.
Hermetismo y exclusión La comisión convoca a sectores cuestionados por su cercanía a posiciones de “traición a la Patria”, como la Comisión de VGM de Río Grande, que incluso expulsó a integrantes de la Caravana durante la Vigilia. Esto refuerza la idea de un cerco político contra quienes repudian el radar.
Responsabilidad política El legislador Villegas, del MOPOF, partido ligado a la vicegobernadora Mónica Urquiza, aparece como impulsor de la conformación de la comisión, lo que abre sospechas de connivencia institucional.
Acción sostenida de la Caravana Siete marchas en repudio al radar y la reciente presentación de un exhorto a los legisladores muestran continuidad y legitimidad en la protesta.
Denuncias federales Existen causas como la FRE 828/25, iniciada por veteranos de Malvinas, que ya están en el ámbito de la Justicia Federal bajo el juez Marcelo Rapaport, lo que eleva el conflicto a nivel nacional.



